Doble discriminación: Mujeres y discapacidad

Dos de cada tres personas en situación de discapacidad son mujeres. Son ellas también las más expuestas a ser víctimas de violencia y ver sus derechos limitados. Hoy analizamos el escenario nacional y los desafíos del país respecto a inclusión junto a dos directoras de fundaciones de la sociedad civil.

Este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha que fue proclamada en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Casi treinta años han pasado y aún son muchas las desigualdades que enfrenta la población que vive en esta condición y Chile no escapa de este escenario. 

En Chile, según el último Estudio Nacional de Discapacidad (2015), hay 2.606.914 personas con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a cerca del 20% de la población. De esa cifra, el 64,3% corresponde al género femenino (1.678.496 personas) y un 35,7% al masculino. Es decir, casi el doble son mujeres.

Cifras que no han sido actualizadas, puesto que desde el 2015 no se hace un monitoreo a nivel nacional para conocer cuántas personas con discapacidad y en qué condiciones viven. Mientras que el último Censo no consideró la situación de discapacidad. 

“Hoy todas las políticas públicas y programas que se están construyendo desde el gobierno y las municipalidades son a ciegas. Hay un completo desconocimiento de las cifras reales de mujeres, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia dentro y fuera de sus hogares” denuncia la directora ejecutiva de Fundación Ronda, María José Escudero.

Mujeres y discapacidad

Según el Consejo de Europa, “más de la mitad de las mujeres con discapacidad ha sufrido abusos físicos, en comparación con la tercera parte de las mujeres sin ella; y un 40% de las mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido alguna forma de violencia”.

“Esta es una realidad que ninguna bandera feminista ha tomado” señala la directora de Fundación Ronda, María José Escudero, y agrega que “se hace indispensable la creación de políticas públicas que busquen disminuir brechas en violencia de género hacia las niñas, adolescentes y mujeres”.

Como lo han demostrado otros estudios, las mujeres, adolescentes y niñas que tienen alguna discapacidad, están mucho más expuestas a delitos de connotación sexual y al que se vulneren sus derechos reproductivos. 

“La vulneración de los derechos a la mujer se acrecienta cuando hablamos de mujeres con discapacidad” señala la Co-fundadora y directora ejecutiva de Fundación Kosmo Inclusión, Belén Huerta.

“Todavía en Chile las mujeres con discapacidad son forzadas a la esterilización, para que hablamos de las mujeres que tienen una discapacidad intelectual o psíquica. Ni siquiera tienen derecho a la defensa jurídica” agrega la representante de Kosmo Inclusión.

El rol social de las cuidadoras

Hablamos en femenino porque históricamente, y por estigmas de género, esta tarea se ha relegado a las mujeres. Así lo demuestra el  Estudio Nacional de Discapacidad (2015) que indica que en Chile “el 73,9% de los cuidadores de las personas en situación de discapacidad que cuentan con asistencia personal son mujeres, y en su mayoría no reciben una remuneración”. 

Por lo mismo, uno de los llamados que hacen desde las organizaciones de la sociedad civil que velan por la inclusión es que se reconozca el trabajo que hacen las y los cuidadores, día a día, como un trabajo formal que sea remunerado. 

“Estamos hablando de superación de la pobreza, mejora de la calidad de vida, de crear una sociedad que sea inclusiva desde la base y que nadie quede fuera de los beneficios que entrega el Estado y empresas particulares” comenta la directora ejecutiva de Kosmo Inclusión, Belén Huerta.

Discapacidad en la nueva Constitución

Tanto la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (CDPD) -ambos ratificados por Chile-, instan a sus Estados Partes a adoptar todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de toda índole para protegerlas contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, tanto al interior del hogar, como fuera de él.

Pese a esto, en Chile no existe un reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad. “Hoy tenemos un tremendo desafío a nivel país para que la discapacidad quede en carácter constitucional. Un tremendo momento para asegurar y resguardar los derechos de las personas con discapacidad en nuestra nueva Constitución” señala desde Fundación Ronda, María José Escudero. 

Actualmente, entre las y los constituyentes, solo hay una persona en situación de discapacidad que ocupa el cupo de representatividad en este espacio democrático. Su nombre es Adriana Cancino, constituyente del distrito 16.

Sin embargo, esto no es suficiente y lo que se solicita, desde algunas organizaciones, es la creación de un nuevo organismo, como una Subsecretaría o un Ministerio de la Discapacidad, para que algún organismo público tenga la capacidad de ser un asesor técnico y ente fiscalizador. 

Ellas y ellos también votan

Una deuda histórica con las personas con discapacidad es la sensación que tienen familiares y personas que viven en situación de discapacidad en Chile. Esto tiene que ver con aspectos básicos para cualquier ser humano, como el acceso a la información, a poder educarse o tener un empleo. 

“No estamos exigiendo nada más que lo que está siendo declarado como un derecho humano” señala la directora de Kosmo Inclusión, Belén Huerta. Además, comenta que esta población ha sido olvidada en los programas electorales. “Basta ya de la inequidad y segregación” finalizó.

Una población electoral no menor, puesto que, según un sondeo sobre participación política y ciudadana realizado por la Fundación Chilena para la Discapacidad, “un 63% de las personas en situación de discapacidad vota en las elecciones presidenciales”.

Por lo mismo, y en miras de un nuevo periodo presidencial, la directora ejecutiva de F.Ronda, María José Escudero, hace un llamado a “que cada programa y política pública incluya la perspectiva de género, pero sobre todo que puedan generar trazados interseccionales que permitan poder impulsar dentro de los ministerios políticas sociales que sean eficientes y coherentes” .