Homicidios, disparos en los ojos, violencia política sexual y detenciones ilegales, son parte de las graves vulneraciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas militares y de seguridad en las movilizaciones sociales de octubre de 2019. A pesar de un año del despertar social, no existe justicia ni reparación por parte del Estado contra las víctimas.
Primero fueron adolescentes saltando torniquetes en el Metro de Santiago. Luego, una ola de personas exigiendo una vida digna por todas las calles de Chile. “No son 30 pesos, son 30 años”, fue el lema que marcó un octubre que quedó grabado en nuestras memorias.
Octubre fue el mes de la rebeldía de un pueblo que a punta de pistolas seguía protestando. Los medios de comunicación aseguraban que nadie vio venir una revuelta social, a pesar de las múltiples injusticias que durante décadas fueron denunciadas.
No obstante, octubre también estuvo marcado por la sangre. Según cifras oficiales, 34 personas fallecieron: 15 encontradas en lugares siniestros, 7 por enfrentamientos con otros ciudadanos, 6 en manos de fuerzas policiales y 5 en contexto de protesta.
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De la misma forma, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), interpuso contra las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, 2.147 querellas por tortura y tratos crueles y 292 querellas por tortura con violencia sexual entre el 17 de octubre de 2019 y el 14 de marzo de 2020. Estas incluyen amenazas de violación, desnudamientos, tocaciones y penetraciones en ano, boca y vagina con armas o penes.
Según el último boletín de esta institución, 460 personas resultaron con heridas oculares a manos de la policía chilena. Los casos más conocidos son los de Gustavo Gatica, joven estudiante de psicología, y Fabiola Campillay, mujer que se dirigía a su lugar de trabajo, quienes perdieron la visión de ambos ojos por culpa de Carabineros de Chile.
A un año del “despertar de Chile”, las víctimas de represión policial no han obtenido justicia ni reparación en sus casos. A través de una nota publicada por la Fiscalía, 8.827 personas denunciaron delitos cometidos por agentes del Estado. Sin embargo, en la actualidad “4.681 causas relacionadas a Violencia Institucional se encuentran vigentes”.
De la misma forma, a la fecha se han formalizado a un total de 75 personas por delitos relativos a violaciones de DD.HH., de los cuales 25 se encuentran en prisión preventiva y sólo un imputado ha sido condenado.
La agrupación de Victimas de Trauma Ocular, manifestó a través de un comunicado que “los órganos del Estado chileno no han asumido la responsabilidad que cargan ante las graves violaciones a los derechos humanos y las distintas formas de violencia política y estructural que han ejercido a través de las fuerzas de orden y seguridad pública”.
Hace unos días, Amnistía Internacional solicitó una investigación penal contra el Alto Mando de Carabineros por las violaciones a los DD.HH. cometidas durante tiempos de revuelta social. Además, recomendó una reforma a la institución. Debate que se ha planteado desde el Gobierno y el congreso tras la crisis de credibilidad y el abuso de fuerza que han cometido agentes estatales.
Así también, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, informó que junto a la Comisión de Derechos Humanos, se constituirá una mesa para abordar la contemplación las víctimas de derechos humanos en el programa Prais.