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Violencia obstétrica: Mujer privada de libertad empieza trabajo de parto en cárcel de San Miguel

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El pasado 6 de noviembre Lisbeth Martes, mujer dominicana de 21 años privada de libertad, comenzó su trabajo de parto en la cárcel de San Miguel en la Región Metropolitana. Su caso se viralizó a través de un video en redes sociales. Este dejó al descubierto la violencia obstétrica que viven las mujeres privadas de libertad. 

Con 38 semanas de gestación Lisbeth comenzó el trabajo de parto en su celda.  La situación se agravó cuando perdió el tapón mucoso y sus contracciones alcanzaron el ritmo de una cada dos minutos. Este suceso inicia al mediodía del viernes, sin embargo, se trasladó a Lisbeth al Hospital Barros Luco recién a las 15 horas. 

Según registra la Colectiva La Zarzamora tomaron contacto con las compañeras que asistieron a Lisbeth. Ellas indicaron que se les negó la atención por parte del personal de salud en cuatro ocasiones. Por esta razón, compañeras y familiares denunciaron esta situación ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); la alcaide de la cárcel de San Miguel, Ana María Garrido y otras organizaciones.

Según declaraciones de la Jefa de la Región Metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, Lisbeth habría tenido un control esa misma mañana en el Hospital Barros Luco. Además indicó que además la matrona la habría controlado dos veces ese mismo día, según información entregada por la alcaide.

Violencia Obstétrica en recintos penitenciarios

Esta situación refresca las heridas de otros casos de violencia obstétrica dentro de recintos penitenciarios. Uno de los más importantes fue el de Lorenza Cayuan, mujer obligada a parir engrillada en presencia de funcionarios masculinos de gendarmería. 

Por este motivo hablamos con Gonzalo Leiva, del Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO Chile). El matrón indicó que, en primer lugar, Lisbeth tuvo que haber estado hospitalizada. Destacó también la importancia de la intimidad y privacidad básicas que se necesitan en estos casos, cosa que en el sistema carcelario no se resguarda.

¿Por qué este caso califica como violencia obstétrica?

Este caso califica como violencia obstétrica porque hay una apropiación del cuerpo de la mujer por parte de terceros, en este caso es gendarmería de Chile. El trabajo de parto es un evento de la sexualidad humana que requiere un acompañamiento con ciertos estándares de cuidado que sin lugar a duda en ninguna cárcel se pueden ofrecer.

Uno esperaría que cualquier mujer que esta en esa condición se mantuviese hospitalizada y no la tuviesen que devolver a una celda por ejemplo. Sobre todo pensando que luego de la situación de Lorenza Cayuan en 2016, gendarmería de Chile se había comprometido a revisar los protocolos. 

¿Qué repercusiones tiene esto en la madre y el hijo?

Es bien importante acompañarla psicológicamente. Nuestro temor es que estos procesos sean integrados por las mujeres como procesos altamente traumáticos y eso obviamente puede tener implicancias en la salud mental de esta mujer. Cualquier deterioro en la salud mental de una mujer en el postparto influye directamente en la salud mental de su cría. Por eso es tan importante resguardar todos los nacimientos, y por eso existimos como observatorio también, porque la forma de nacer si importa.

Lisbeth Martes con contracciones en Cárcel de San Miguel. Fotografía por Colectiva La Zarzamora.
Lisbeth Martes en Cárcel de San Miguel. Fotografía por Colectiva La Zarzamora.

Condiciones carcelarias y derechos

De acuerdo a un estudio sobre las condiciones carcelarias realizado por el INDH de 2016-2017, se comprueban las deficiencias en cuanto a la oferta de atención médica al interior de los recintos penitenciarios.

Debido a los derechos que se ven vulnerados por esto, hablamos con el director de Leasur, Pablo Pinochet. ONG que vela por el respeto, promoción y defensa de los derechos y dignidad de las personas privadas de libertad. Pablo comentó sobre el trabajo hecho desde la mesa de mujeres de la organización.

¿Qué derechos se vieron pasados a llevar en este caso? 

El derecho que se pasó a llevar más flagrante fue el de la salud, el cual es transgredido para todas las personas privadas de libertad. En especial en las mujeres se ven ciertas agudizaciones dadas las desigualdades de género en la sociedad en general y en la cárcel como ambiente patriarcalizado y fuertemente militarizado. Tres ejemplos podrían ser la falta de acceso a salud especializada, como mamografías o papanicolaou; las visitas íntimas, que sean un lugar espacio fiscalizado no por hombres; y el más claro de estos es la situación de mujeres embarazadas.

La constitución en el capítulo 1 dice que todos nacemos libres e iguales, pero dado que tanto las guaguitas de las mujeres privadas de libertad no nacen libres ni iguales ni en dignidad de derecho, las madres tampoco reciben un trato digno diferenciado de su condición de embarazo. Ya de entrada hay una violación a los derechos fundamentales de la constitución. También hay otras vulneraciones, ya sea la ley orgánica constitucional de gendarmería que dice que se debe otorgar a cada persona bajo su cuidado un trato digno, la normativa internacional, la convención sobre los derechos del niño, entre otras.

Tanto desde la colectiva La Zarzamora, el encargado regional de Derechos Humanos del INDH y la alcaide de San Miguel, informaron que Lisbeth Martes dio a luz en el Hospital Barros Luco. Comunicaron también que ella junto a su bebé se encuentran en buenas condiciones de salud.

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